La policía certifica «expulsiones forzadas» en el sumario sobre la «limpieza étnica» de ETA
ESPAÑA
Un informe cifra entre 60.000 y 200.000 los huidos del terror desde el País Vasco y Navarra
24 ene 2024 . Actualizado a las 16:02 h.Los servicios antiterroristas de la Policía Nacional están convencidos de que ETA intentó, al menos entre 1995 y el 2005, llevar a cabo una auténtica «limpieza étnica» en el País Vasco y Navarra de todo lo que supusiese ser «no vasco» y, además, ser «español». La Comisaría General de Información remitió al juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal, que investiga el supuesto intento de llevar a cabo una gran estrategia de «expulsiones forzadas» de todos aquellos que no fueran nacionalistas, un informe de 278 páginas en el que se certifica que la banda terrorista «colocó en la diana de su política del terror» a cualquiera que representara la «presencia del grupo español en el territorio vasco».
Este vasto informe policial acaba de ser incluido en el sumario reabierto el pasado febrero del 2023, por el asesinato el 4 de junio del 2000 de Jesús María Pedrosa, concejal del PP de Durango, tras una querella presentada por Dignidad y Justicia (DyJ) para determinar eventuales responsabilidades penales de diez integrantes de los antiguos comités ejecutivos de la organización armada, los zuba, por las «expulsiones forzadas» de miles de ciudadanos del País Vasco y Navarra por la amenaza y el hostigamiento violentos. La organización de víctimas reclamó a la Audiencia Nacional, que así lo acordó, la apertura de una pieza separada para investigar la existencia de esa presunta estrategia de ETA de «limpieza étnica», que podría haber provocado la diáspora de entre 60.000 y 200.000 personas, de acuerdo con el informe del Instituto Vasco de Criminología.
Dignidad y Justicia, en su demanda, situaba en la cúspide de esa estrategia de acoso a los no nacionalistas en el verano del 2000, cuando fue asesinado Pedrosa, a: Ignacio Gracia, Iñaki de Rentería; Javier García, Txapote; Juan Antonio Olarra, Jon; Ainhoa Mugika, Olga; Asier Oyarzabal, Baltza; Juan Carlos Iglesias, Gadafi; Mikel Albisu, Mikel Antza; Vicente Goikoetxea, Willy; Ramón Sagarzazu, Ramontxo; y Soledad Iparragirre, Anboto.
Y ahora, la Policía Nacional certifica que todos ellos, a los que el juez Abascal ya investiga desde hace casi un año por esa «limpieza étnica», efectivamente habrían estado en la cúpula cuando se decidió presionar para la «expulsión» masiva de los considerados «españoles».
«Ocupadores y opresores»
Según la policía, entre finales de los noventa y principios de los 2000, la cúpula terrorista puso en marcha un «marco estratégico» consistente en una «campaña para socializar el dolor». El informe de inteligencia insiste en que ETA centró su «persecución» en el «grupo español presente en territorio vasco», bajo las acusaciones de «ocupadores y opresores de los vascos».
Esa estrategia de acoso violento, afirman los mandos de la lucha antiterrorista, se desarrolló «muy particularmente contra los líderes políticos» de los partidos no nacionalistas, «en el intento de crear un clima general de miedo, en el cual la parte de la población no nacionalista se sintiese amenazada con una intensidad tal que decidiera renunciar al ejercicio de sus derechos y abandonase el País Vasco». Para la Policía Nacional, no cabe duda de que la banda intentó una limpieza étnica con el acoso y asesinato de círculos españolistas del País Vasco y Navarra, como «líderes políticos, intelectuales, académicos, periodistas, creadores de opinión social, líderes empresariales o líderes cívicos». «Al tiempo que procedía a la paralela eliminación selectiva de todos los mandos y efectivos que pudiera de las fuerzas de seguridad y Fuerzas Armadas como forma de mermar la protección del grupo perseguido», mantiene.