Un funcionario judicial de baja por un infarto reclama 2.300 euros por guardias que no hizo

e. v. pita VIGO / LA VOZ

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Imagen de archivo de la Cidade da Xustiza, en Vigo.
Imagen de archivo de la Cidade da Xustiza, en Vigo. M.MORALEJO

El juez da la razón a la Xunta porque para cobrar las guardias hay que prestar el servicio efectivamente

27 abr 2024 . Actualizado a las 01:15 h.

Un funcionario judicial que estuvo de baja por un infarto medular no podrá cobrar 2.397 euros por las guardias de permanencia que no trabajó durante el confinamiento, entre abril y noviembre del 2020. Así lo ha decretado el Juzgado de lo Contencioso número 1 de Vigo en una sentencia de octubre del 2023.

El funcionario, con 18 años de experiencia como auxilio judicial, causó baja por un infarto medular entre abril y noviembre del 2020. En esos meses, a su juzgado le tocó cubrir cuatro guardias de duración semanal y otras de enjuiciamiento inmediato y reclamó su pago. La solicitud fue desestimada por la Dirección Xeral de Xustiza porque las guardias han de ser realmente efectuadas, el servicio debe ser prestado y han de ser certificadas por el letrado judicial al mes vencido. La normativa que regula las prestaciones durante la situación de incapacidad temporal, como la que él atravesó, solo reconoce el derecho a percibir las retribuciones fijas.

La jueza sustituta del Contencioso validó la negativa de la Xunta porque el personal de la Administración de Xustiza no tiene las mismas normas que otros y la cuantía de las guardias varía en función de si el servicio se presta o no y del número de guardias que se realicen. «Se trata de un servicio que no puede ser realizado y por tanto abonado, durante el período de vacaciones, la IT, permisos retribuidos o licencias», dice la magistrada. Es un complemento especial tanto en su regulación como en su forma de pago, pues se abona multiplicando los días correspondientes por la suma a abonar diaria. Es retribución variable y no fija pues no se produce necesariamente todos los meses.

En otros pleitos, en los que otro tipo de funcionarios reclaman el cobro de las guardias argumentan que este incentivo forma parte de su salario anual.